CNR, 08 de setiembre del 2009
Estado debe asegurar soberanía energética
 El Estado debe asegurar su soberanía energética, de modo que no sean las empresas privadas las que decidan sobre el uso del gas, recomendó el economista Pedro Francke.
En declaraciones a la CNR, Francke Ballve destacó la necesidad de que el Ejecutivo ponga orden y oriente cuáles son las prioridades en el uso de nuestros recursos energéticos.
"El gas es hoy propiedad de las empresas que lo van a exportar y quien decide si se vende al extrerior es una empresa privada. Esto no puede ser dejado simplemente a empresas privadas que decidan y menos que cambie la ley para permitir este negocio que no le conviene al Peru", anotó.
Indicó que los contratos suscritos por el gobierno han dado pie a situaciones "absurdas" como la actual donde las compañías concesionarias le niegan el recurso a las empresas nacionales y a los propios consumidores peruanos para priorizar la exportación, que encima genera menos beneficios económicos al erario nacional.
Detalló que, con los precios actuales, se exportaría el gas por un precio de 50 centavos de dólar por millón de pies cúbicos, mientras que el mercado interno tendría que pagar entre tres y cuatro dólares.
Reslató, así mismo, que el gas constituye una oportunidad especial para que los peruanos gocen de un abastecimiento energético limpio y barato. "Tenemos este regalo de Dios, pero lo estamos desperdiciando en una exportación cuando deberíamos asegurar que tengamos industrias petroquímicas, abastecimiento en el sur para un transporte más barato y consumo doméstico".
En ese contexto, consideró que el gobierno sólo “ha puesto un parche” al asegurar el abastecimiento del hidrocarburo para el consumo interno por un lapso de cinco años, cuando dicho período debería abarcar un horizonte permanente de 20 años. "Nadie va a invertir en una central hidroeléctrica que dure cinco años", ironizó.
Como solución, opinó que el régimen de turno podría empezar por exigir el respecto a los contratos de explotación, que en el caso particular del gas de Camisea obliga al consorcio a garantizar un abastecimiento de seis trillones de pies cúbicos y no por sólo los 4.2 que se considera actualmente.
El economista señaló que si bien es factible aplicar sanciones al consorcio, es más importante que el Ejecutivo vigile por el cumplimiento cabal de las responsabilidades asumidas. "Hay aspectos que el Estado no está fiscalizando y que benefician al país (...) es lo mínimo que podría hacerse", puntualizó.
FUENTE: http://www.cnr.org.pe/noticia.php?id=27675
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