El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez Gamarra, tendrá que entregar documentación relativa a las anunciadas “renegociaciones” entre su portafolio y operadores privados que conforman el Consorcio Camisea, debido a que hasta el momento no se conoce si existen acuerdos asumidos por los operadores privados con el Estado respecto a reorientar el uso de gas natural al mercado interno.
Así lo adelantó el congresista José Carrasco Távara, titular de una subcomisión investigadora de los contratos del gas de Camisea, quien señaló que las investigaciones iniciadas por ese grupo de trabajo ya llegaron a su fin. “Solo tenemos informaciones periodísticas sobre esas negociaciones, y queremos corroborar los acuerdos alcanzados con documentos que nos proporcione el ministro”, señaló.
“Queremos corroborar lo dicho por el ministro en los últimos días, ya que no hay ningún documento formal u oficial donde conste lo que él dice en los medios de comunicación. Estamos pidiendo al ministro esa información, porque lo que dice no necesariamente sirve. Uno puede decir cualquier cosa”, agregó el legislador aprista, quien ratificó que el informe final sobre el tema será presentado el 9 de octubre próximo.
Carrasco Távara señaló que “no existe nada que renegociar” con los actores privados de la explotación del gas de Camisea, puesto que el ordenamiento legal establece que las empresas tienen la “obligación” de atender el mercado nacional. “Con la Ley Nº 28552, esa obligación es permanente. No hay nada que negociar, no hay plazos de 15 ó 20 años estamos hablando de plazos permanentes”, subrayó.
El legislador aprista también rechazó que el Parlamento pueda declarar la nulidad del contrato de exportación del gas natural hacia México, y adelantó que solo habría un pronunciamiento en torno a la contratación del Lote 56 y las irregularidades allí cometidas. “Se podrán hacer proposiciones, como enmendar las cosas, por ejemplo, los precios pactados para el consumo de gas en el mercado interno son de lo más insostenible”, adujo.
Sobre el mismo tema, el congresista Juan Carlos Eguren, de Unidad Nacional, afirmó que el reciente decreto supremo que establece la obligación del contratista del Lote 88 (Pluspetrol) de abastecer la demanda del sur del país no aclara ni resuelve el problema de la escasez de ese recurso. En tal sentido, dijo que de todas maneras el ministro Sánchez tendrá que presentarse en el Congreso para realizar sus descargos respectivos.
“(El decreto supremo) no lo aclara. El ministro de Energía tiene que ir (al Congreso), además porque ya se aprobó una interpelación que es una estación de preguntas forzadas”, comentó