EXPRESO, 26 DE MARZO DEL 2009

CAMISEA OTRA VEZ
Luis García Miró Elguera

La procuradora a cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría, Nelly Malarín Cáceres, ha presentado una acusación constitucional contra quienes resulten responsables de haber suscrito el contrato del Lote 56 de Camisea por contener términos contrarios a las normas como en el caso de la determinación de las regalías. El consorcio Camisea está formado por las argentinas Plus Petrol y Tecpetrol, SK Corporation (Corea), Hunt Oil (EE UU), y Sonatrach (Argelia). Las reservas probadas de gas natural no cubren la demanda actual de ese recurso, ni mucho menos alcanzan para atender las necesidades del país –en el ámbito industrial, doméstico y vehicular– en función a la nueva matriz energética promovida por el actual gobierno que prioriza el uso del gas natural.

¿Para qué dedica, entonces, tanto entusiasmo, esfuerzo y dinero este régimen en promover ante la ciudadanía el consumo de gas natural, si es consciente de que, como están las reservas probadas a la fecha, no existe disponibilidad de ese combustible en el mediano ni largo plazo? Porque, de acuerdo al contrato vigente, el contratista lo exportará a México, Chile o EE UU para cubrir la falta de carburantes en esos países. Es decir, el contrato de Camisea prioriza intereses externos e ignora olímpicamente las necesidades internas. ¿Qué clase de concesión es esta, doctor Alan García? Y la pregunta se la formulamos con todo respeto, porque es su gobierno el llamado a ponerle coto a esta temeridad, a este abuso que perjudica gravemente a los peruanos y protege a naciones limítrofes –como Chile que se ha llevado de encuentro 70 mil kilómetros cuadrados de nuestro mar–, todas ellas afectadas por una severa escasez energética. Y entonces, ¿qué hacer con nuestra falta de energía, entonces? ¿Acaso seguir consumiendo crudo, diésel y gasolinas importadas? Eso es lo que pretende que hagamos el contrato de marras, salvo que este gobierno adopte medidas de emergencia.

Es indispensable entonces comprender que, tal como fue suscrito –al fierrazo– por el gobierno toledano, el contrato de Camisea atenta contra el interés nacional. Pero si bien aquello no  es suficiente causal de rescisión, sí lo serían las irregularidades denunciadas por la Contraloría. Y a ello está obligado a prestarle toda su atención el Ejecutivo.

Mucho cuidado, doctor Alan García, con que la ultra tome la bandera del gas de Camisea. Si usted no lo hace pronto –si no coge al toro por las astas denunciando el contrato del gas de Camisea promovido, suscrito y modificado por el propio toledismo– pues no solo estaría en juego su prestigio político sino la seguridad de los peruanos que verían instalada en palacio a la escoria extremista elegida el 2011. La oportunidad para hacerlo es ahora. El tema energético es crítico aquí y en Sebastopol. El problema de los hidrocarburos es prioritario en el planeta. El caso del petróleo es álgido en el mundo, y el escándalo de Petro-Tech es una ocasión formidable para que el país comprenda que este gobierno defiende el estado de derecho. Y otorgar concesiones mediante un decreto supremo –que sustenta lo que no aprobó el gabinete, como sucedió con el contrato de Petro-Tech– es violar el estado de derecho. Es hora de comprender que el gas natural es la única fuente de energía limpia y estratégica con la que cuenta a futuro el Perú.