NOTA DE PRENSA
Miembros del Colectivo Acción
Ciudadana Camisea formaron parte de la delegación
peruana que viajó a Washington para solicitar al
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco
Mundial (BM) y Export -Import (Ex–Im) Bank de Estados
Unidos, que aplacen su decisión de otorgar préstamos
al proyecto Camisea II, hasta evaluar adecuadamente
los posibles daños ambientales y socioculturales
del proyecto, subrayando que lo más importante es
corregir los errores de Camisea I, antes de iniciar
la segunda fase.
Alberto Barandiarán, presidente
de la Asociación “Derecho, Ambiente y Recursos Naturales,
DAR” y representante del Colectivo Acción Ciudadana
Camisea (ACC), presentó una carta a nombre de los
integrantes de ACC, en la que se sustenta la ausencia
de condiciones para la aprobación del préstamo al
proyecto Camisea II a cargo del Consorcio Perú LNG.
La carta con fecha del 7 de Diciembre está firmada
por DAR, Asociación Civil Labor, Escuela para el
Desarrollo - EpD, Sociedad Nacional del Ambiente
- SNA y World Wildlife Fund – WWF Perú.
Camisea II incluye la habilitación
de una planta de licuefacción en Pampa Melchorita,
la que se encuentra actualmente en construcción,
a unos 169 Km de Lima, cuya finalidad es específicamente
exportar el gas natural a México y Estados Unidos.
Los responsables de esta segunda fase de Camisea,
son las integrantes del consorcio Perú LNG, la estadounidense
Hunt Oil, las transnacionales SK Corp. (Corea) y
Repsol YPF (España). Para este fin, dichas empresas
solicitaron al BID, BM y al Ex-Im Bank, la extensión
de los préstamos realizados para Camisea I.
Barandiaran señala “Hemos sostenido
varias reuniones con diferentes funcionarios del
BID, Ex-Im Bank, IFC, Banco Mundial, gobierno americano,
etc. y básicamente les hemos pedido suspender sus
decisiones hasta que se evalúen adecuadamente una
serie de aspectos no incorporados en sus actuales
procesos de evaluación de los préstamos”.
Agrega además que el proyecto Camisea
debería tener una visión integral y no por componentes
diferenciados (Camisea I y II). Además afirmó que
es necesaria la evaluación de toda la infraestructura
relacionada con el proyecto, así como la actual
situación en Perú y su capacidad para empezar esta
nueva fase sin haber solucionado los problemas de
la primera. Además, ACC propone que se revise también
la actual política de hidrocarburos del gobierno
peruano y el sistemático debilitamiento del marco
legal e institucional en materia social y ambiental
de la actual gestión del gobierno, entre otros.
También acompañó la comisión Walter
Kategari, jefe del Consejo Machiguenga del Río Urubamba
(Comaru), quien afirmó que las obras de Camisea
I enturbiaron los ríos, disminuyeron la pesca y
causaron deslizamientos de tierra. Reconoció que
el consorcio que desarrolla Camisea I otorgó una
compensación de US$ 0.5 millón, entre 13,000 y 15,000,
a los pueblos indígenas que viven en la zona, pero
que ese dinero no compensa los efectos negativos
del proyecto en áreas vírgenes de la selva o en
la cultura del pueblo Machigenga.
Por su parte, Carlos Herrera Descalzi,
presidente del Colegio de Ingenieros del Perú, resaltó
que el Perú debería usar el gas para abastecer a
sus empresas y consumidores, y exportar sólo los
hidrocarburos que sobren. Además subrayó que empresas
petroquímicas del país están dispuestas a pagar
el triple por el gas que lo que el Estado ganaría
con su venta a Estados Unidos, Chile o México. Para
completar los argumentos, la Congresista Gloria
Ramos, de Unión por el Perú (UPP) afirmó "Exportar
gas como materia prima nos empobrece".
La decisión final de las entidades
financieras se daría conocer en las próximas semanas.